DÍA INTERNACIONAL DEL/A
TRABAJADOR/A MIGRANTE
POR EL DERECHO A TENER
PLENOS DERECHOS:
EXIGIMOS UNA CIUDADANÍA
UNIVERSAL POR LA QUE TODAS LAS PERSONAS RECIBAN UN TRATO
IGUALITARIO, SIN DISTINCIÓN ALGUNA POR MOTIVOS DE SEXO,
RAZA, COLOR, IDIOMA, RELIGIÓN O CONVICCIÓN, OPINIÓN, ORIGEN,
EDAD, ESTADO CIVIL, NACIMIENTO O CUALQUIER OTRA CONDICIÓN.
Las
Palmas de GC
|
018-12-2008 | 17:48 |
Redacción.
Un total de
dieciséis organizaciones sociales, culturales, sindicales,
religiosas... queremos celebrar este día comunicando a la
ciudadanía y expresando que:
Las actuales migraciones
internacionales surgen en un marco global de políticas y
economías globalizadoras de tipo neoliberal capitalista,
que
genera enormes desigualdades e injusticias en los países
emisores de los flujos migratorios. No obviamos, en ninguna
medida, el protagonismo que en este drama global han
ejercido las empresas
multinacionales y las corporaciones bancario-financieras,
que durante muchos años han expoliado los abundantes bienes
y recursos de los países emisores de flujos migratorios.
Desde nuestro
planteamiento todas las personas tienen derecho a tener
plenos derechos.
Y, por tanto consideramos que es nuestro deber exigir y
denunciar todas las situaciones que vulneran los plenos
derechos humanos de las personas.
DENUNCIAMOS
A los estados
y los diferentes organismos internacionales que fallan en su
función de garantes cuando permiten y generan la
ilegalidad de una persona por una mera falta
administrativa como es la carencia de documentación, cuando
abocan a los sujetos a una situación de indocumentación,
cuando crean centros de internamiento para retenerles, o
cuando externalizan sus fronteras para impedir el acceso a
sus territorios a miles de personas inmigrantes, entre los
que se encuentran refugiados y menores…
La
directiva de la vergüenza (Directiva sobre las normas
y procedimientos comunes aplicables al retorno de
inmigrantes en situación ilegal) aprobada por la Unión
Europea en julio de 2008. Consideramos esta directiva,
aprobada en un contexto de migraciones globales, como
contraria a las conquistas protagonizadas por el movimiento
obrero internacional.
La
discriminación de el/ la trabajador/a inmigrante que ha
permitido el acceso casi en exclusiva a puestos de trabajo
en precario, y que le ha convertido en el eslabón más débil
del mercado laboral. La situación de las mujeres
inmigrantes ha sido aún más crítica, ya que han ocupado
los sectores más precarios del eslabón. Temporalidad, bajos
salarios, escasa promoción, mayores tasas de accidentalidad,
alto índice de explotación y trabajo en la economía
sumergida, han sido las características de la ocupación a la
que estos trabajadores/as no autóctonos se han visto
sometidos.
RECLAMAMOS
Un sistema
mundial justo, mediante un comercio justo y solidario,
una política laboral que asegure condiciones salariales
dignas y evite desajustes y deslocalizaciones, una política
fiscal que redistribuya la renta de forma equitativa, una
política social que asegure la distribución equitativa de
bienes y servicios, una política ecológica y una política de
paz.
Al Estado
Español la ratificación de la Convención Internacional
sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migrantes y de sus familias de 1990 así
como del Convenio nº 143 de la OIT sobre
las migraciones internacionales en condiciones abusivas y la
promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los
trabajadores migrantes.
Que todos los/as
trabajadores/as deben recibir un trato justo e igual
inherente a su dignidad como persona:
sus derechos no pueden estar condicionados por la
nacionalidad que ostenten, sino por el lugar en que se
reside y trabaja. Sólo la igualdad de derechos de todas
las personas que conviven en un mismo territorio puede
asegurar una integración social efectiva.
EXIGIMOS
Exigimos el
pleno reconocimiento de los derechos civiles, políticos y
sociales para todos
los/as trabajadores/as
migrantes,
así como la adopción de medidas que refuercen la igualdad de
acceso a todos los sectores de ocupación. Exigimos la
eliminación de trabas administrativas que dificulten el
mantenimiento de la regularidad documental y el
reconocimiento de títulos académicos obtenidos en el país de
origen.
Exigimos el
reconocimiento del derecho al voto a los/as
trabajadores/as inmigrantes y de su derecho a una
participación social plena.
Exigimos la
adopción de medidas, para que quienes han contribuido
al enriquecimiento de esta sociedad desde el trabajo en los
sectores más precarios, no vean aún más debilitada su
posición en los actuales momentos de crisis.
Exigimos que
no se introduzcan en la legislación española las medidas
restrictivas de derechos contempladas en la directiva de la
vergüenza, ni otras como el recorte del derecho a la
reagrupación familiar.
Exigimos que
la regulación de los derechos de los/as trabajadores/as
inmigrantes se realice de acuerdo a los derechos humanos
inherentes a todas las personas.
ANIMAMOS
Animamos al
Gobierno español a aprovechar la coyuntura de reforma de la
ley de asilo para reforzar, en coherencia con su
papel de garante de los derechos humanos y con nuestra
memoria histórica, su compromiso con la institución del
refugio.
ALTERNATIVA ANTIMILITARISTA. MOC, ALTERNATIVA SÍ SE PUEDE
POR TENERIFE, ASOCIACIÓN CANARIA DE ECONOMÍA
ALTERNATIVA, ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL ACHANKARA,
ASOCIACIÓN DE
PERUANOS INTI-RAINI,
ASOCIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE SENEGALESES (SERERES) DE
CANARIAS,
CARITAS
DIOCESANA DE CANARIAS, CEAR CANARIAS, CENTRO LOYOLA,
CGT LAS PALMAS,
ENTRECULTURAS LAS PALMAS,
HOAC, LAS
PALMAS ACOGE,
MUNDO SIN GUERRAS (CANARIAS), SECRETARÍA DE MIGRACIONES
CC.OO. CANARIAS, SOCIEDAD Y JUSTICIA
POR EL
DERECHO A TENER PLENOS DERECHOS
MANIFIESTO DEL DÍA
INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR MIGRANTE
Las
Palmas de GC
|
018-12-2008 | 17:48 |
Redacción.
El pasado día
10 de diciembre conmemoramos el sesenta aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en el día
de hoy rememoramos la aprobación por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su resolución 45/158, de 18 de
diciembre de 1990, de la Convención Internacional sobre
la protección de los derechos de todos los trabajadores
migrantes y de sus familias.
Denunciamos
que, a pesar de que la misma no haya sido ratificada por el
Estado español, hoy, 18 de diciembre, en virtud de dicha
Convención, es el Día Internacional del Trabajador Migrante.
Las actuales migraciones
internacionales surgen en un marco de políticas y economías
globalizadoras de tipo neoliberal capitalista,
que genera
enormes desigualdades e injusticias en los países emisores
de los flujos migratorios. No obviamos, en ninguna medida,
el protagonismo que en este drama global han ejercido
las empresas multinacionales
y las corporaciones bancario-financieras, que durante muchos
años han expoliado los abundantes bienes y recursos de los
países emisores de flujos migratorios.
El modelo se ha estructurado
a través de una política de especulación financiera que ha
arruinado economías y países, ha establecido créditos e
intereses usurarios, ha instaurado la denominada deuda
externa (eterna) y ha implantado un tipo de beneficio,
fruto, no de una ganancia o salario justo, sino de esta
economía de casino y especulación bursátil y accionarial. A
ello hay que añadir el dumping que han generado los
estados desarrollados estableciendo subvenciones y subsidios
a los productos de los países enriquecidos, lo que ha
contribuido a arruinar los precios de los más pobres.
Ninguna limitación ha sido
dada para esta vorágine de avaricia, por ello también ha
venido acompañada de contaminación y destrucción ecológica,
y de una imparable carrera armamentística. Ambos aspectos
han castigado más si cabe a los estados más pobres del
planeta, sumándose al resto de factores anteriores para
desbaratar cualquier posibilidad de buena vida de sus
habitantes.
Las evidencias de esta
imponderable actuación son incontestables:
hambre,
pobreza, violencia pública y privada, incremento de la
desigualdad, corrupción, discriminación de la mujer,
deslocalizaciones, expolio y desastre ecológico.
Siendo así, a nadie puede
extrañar que el único recurso de subsistencia para millones
de personas sea el de la emigración a los países en los que
se han reubicado injustamente sus recursos: ni siquiera
vienen a reclamarlos, vienen a compartirlos.
Desde nuestro
planteamiento todas las personas tienen derecho a tener
plenos derechos. Y son los estados y los diferentes
organismos internacionales los que deben asegurar que tales
derechos sean efectivos. En ese sentido, los estados y otros
sujetos internacionales fallan en su función de garantes
cuando permiten y generan la ilegalidad de una persona por
una mera falta administrativa como es la carencia de
documentación, cuando abocan a los sujetos a una situación
de indocumentación, cuando crean centros de internamiento
para retenerles, o cuando externalizan sus fronteras para
impedir el acceso a sus territorios a miles de personas
inmigrantes, entre los que se encuentran refugiados y
menores…
En todos
estos casos la dignidad y libertad esenciales a todo ser
humano se ven vejadas, y quienes suscriben este comunicado
no se sienten identificados con estas prácticas
protagonizadas por estados de derecho. Reiteramos, por ello,
nuestro frontal rechazo al más reciente de los instrumentos
normativos que ha sido capaz de capitalizar ominosamente los
agravios a la dignidad de las personas: la directiva de la
vergüenza (Directiva sobre las normas y procedimientos
comunes aplicables al retorno de inmigrantes en situación
ilegal) aprobada por la Unión Europea en julio de 2008.
Consideramos esta directiva, aprobada en un contexto de
migraciones globales, contraria a las conquistas
protagonizadas por el movimiento obrero internacional.
Expresamos
nuestra preocupación por los elementos que se han
introducido en los borradores de la nueva legislación de
asilo española que, de confirmarse, dificultarían más si
cabe la concesión del derecho de asilo a miles de personas
que acuden a España y a Europa confiando en su papel de
valedores de su seguridad personal.
Asimismo, en
reiteradas ocasiones hemos denunciado la concepción
utilitarista con la que los estados occidentales han
regulado la entrada y permanencia de los/as trabajadores/as
inmigrantes. Ello ha supuesto que, en los recientes tiempos
de bonanza económica, la mayor parte de la mano de obra
inmigrante ha sido destinada a cubrir los mercados laborales
más precarios y se ha visto expuesta a una vulnerabilidad
muy superior a la de los trabajadores autóctonos, debido a
la desregulación de los mercados en los que han sido
ubicados. Temporalidad, bajos salarios, escasa promoción,
mayores tasas de accidentalidad, alto índice de explotación
y trabajo en la economía sumergida, han sido las
características de la ocupación a la que estos trabajadores
no autóctonos se han visto sometidos.
Dicha
concepción instrumental, además, establece múltiples trabas
administrativas que no sólo dificultan el mantenimiento de
la regularidad administrativa, sino también el acceso a
determinadas profesiones (funcionariado, seguridad, en
incongruencia, por ejemplo, con el reclutamiento de fuerzas
militares) y la posibilidad de promoción laboral a través
del reconocimiento y homologación de los títulos académicos.
El trabajador
inmigrante ha sido víctima de una discriminación
institucional que ha permitido el acceso casi en exclusiva a
ese tipo de puestos de trabajo, y que le ha convertido en el
eslabón más débil del mercado laboral. La situación de las
mujeres inmigrantes ha sido aún más crítica, ya que han
ocupado los sectores más precarios del eslabón. A pesar de
ello, el enorme crecimiento económico experimentado por
Occidente en la última década se ha debido en buena parte a
la mano de obra inmigrante que ha trabajado en dichos
mercados: han sido decisivos en el crecimiento del PIB, en
la generación de puestos de trabajo, en el saneamiento de
las cuentas públicas y, especialmente las trabajadoras
inmigrantes, en posibilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral en las familias autóctonas y la igualdad
de oportunidades de la mujer occidental.
Exponente de
dicha visión instrumental de los/as trabajadores/as
inmigrantes han sido todos los productos normativos
destinados a producir deslocalizaciones en el seno de los
estados, como lo fue en su día el intento
Bolkestein (Directiva
123/2006/CE); también es instrumental la nueva tarjeta azul
destinada, como ya es habitual, a importar trabajadores a la
carta, pero ahora cualificados, dada la situación económica
de los estados occidentales. Y lo es el aligeramiento del
derecho a la reagrupación familiar que pretende ser
introducido en la modificación de la ley de extranjería
española.
Frente a dicha
instrumentalización las organizaciones firmantes recordamos
que la igualdad es uno de nuestros valores fundamentales, y
por ello consideramos que todos los/as trabajadores/as deben
recibir un trato justo e igual, inherente a su dignidad como
persona: sus derechos no pueden estar condicionados por la
nacionalidad que ostenten, sino por el lugar en que se
reside y trabaja. Sólo la igualdad de derechos de todas las
personas que conviven en un mismo territorio puede asegurar
una integración social efectiva.
Finalmente,
las organizaciones abajo firmantes nos congratularnos por la
revisión que el Tribunal Constitucional español ha realizado
de la ley de extranjería en vigor, declarando que todos los
sujetos que se encuentran en España, con independencia de su
origen y de su situación administrativa, tienen reconocidos
el derecho a la educación, y los de reunión, asociación,
sindicación, huelga y tutela judicial efectiva (incluidos
justicia gratuita y abogado de oficio).
Por todo lo
anterior
Exigimos un
sistema mundial justo, mediante un comercio justo y
solidario, una política laboral que asegure condiciones
salariales dignas y evite desajustes y deslocalizaciones,
una política fiscal que redistribuya la renta de forma
equitativa, una política social que asegure la distribución
equitativa de bienes y servicios, una política ecológica y
una política de paz. Es nuestro derecho y nuestra
responsabilidad exigirlo.
Animamos a
los agentes sindicales a persistir en su lucha social por la
justicia y los derechos de los/as trabajadores/as.
Reclamamos al
Estado Español la ratificación de la Convención
Internacional sobre la protección de los derechos de todos
los trabajadores migrantes y de sus familias de 1990 así
como del Convenio nº 143 de la OIT sobre las migraciones
internacionales en condiciones abusivas y la promoción de la
igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores
migrantes.
Exigimos el
pleno reconocimiento de los derechos civiles, políticos y
sociales para todos
los/as trabajadores/as
migrantes,
así como la adopción de medidas que refuercen la igualdad de
acceso a todos los sectores de ocupación. Exigimos la
eliminación de trabas administrativas que dificulten el
mantenimiento de la regularidad documental y el
reconocimiento de títulos académicos obtenidos en el país de
origen.
Exigimos el
reconocimiento del derecho al voto a los/as trabajadores/as
inmigrantes y de su derecho a una participación social
plena.
Exigimos la
adopción de medidas, para que quienes han contribuido al
enriquecimiento de esta sociedad desde el trabajo en los
sectores más precarios, no vean aún más debilitada su
posición en los actuales momentos de crisis.
Exigimos que
no se introduzcan en la legislación española las medidas
restrictivas de derechos contempladas en la directiva de la
vergüenza, ni otras como el recorte del derecho a la
reagrupación familiar.
Animamos al
Gobierno español a aprovechar la coyuntura de reforma de la
ley de asilo para reforzar, en coherencia con su papel de
garante de los derechos humanos y con nuestra memoria
histórica, su compromiso con la institución del refugio.
Exigimos que
la regulación de los derechos de los/as trabajadores/as
inmigrantes se realice de acuerdo a los derechos humanos
inherentes a todas las personas.
Por el
derecho a tener plenos derechos: exigimos una ciudadanía
universal por la que todas las personas reciban un trato
igualitario, sin distinción alguna por motivos de sexo,
raza, color, idioma, religión o convicción, opinión, origen,
edad, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
SE ADHIEREN
EL MANIFIESTO:
ALTERNATIVA ANTIMILITARISTA. MOC,
ALTERNATIVA SÍ SE PUEDE POR TENERIFE,
ASOCIACIÓN CANARIA DE ECONOMÍA ALTERNATIVA,
ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL ACHANKARA,
ASOCIACIÓN DE
PERUANOS INTI-RAINI,
ASOCIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE SENEGALESES (SERERES) DE
CANARIAS
CARITAS
DIOCESANA DE CANARIAS,
CEAR
CANARIAS,
CENTRO LOYOLA
CGT
LAS PALMAS,
ENTRECULTURAS LAS PALMAS
HOAC
LAS PALMAS
ACOGE,
MUNDO SIN GUERRAS (CANARIAS)
SECRETARÍA DE MIGRACIONES CC.OO. CANARIAS
SOCIEDAD Y JUSTICIA
